Qué es el delito de Prevaricación Administrativa

Estos días se juzga en la Audiencia de Barcelona el caso del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, por un presunto delito de prevaricación administrativa que habría sido cometido entre 2011 y 2015 cuando se permitió la instalación de unas antenas de telefonía móvil en las dependencias de la Guardia Urbana de esa ciudad, al parecer, según la Fiscalía, sin contar con los permisos urbanísticos y ambientales necesarios para ello.

Dada su trascendencia mediática, es una buena oportunidad para abordar en qué consiste el delito de prevaricación administrativa y aclarar algunos términos a la ciudadanía, no sin recomendar siempre el asesoramiento de un buen abogado penalista si se ve afectado por un caso similar.

¿Qué es el delito de prevaricación administrativa?

En general, por «prevaricar» se entiende dictar una resolución “arbitraria” (no ajustada a Derecho) con pleno conocimiento de su injusticia. Dicho de otro modo, el delito de prevaricación administrativa se cometería cuando una autoridad pública o funcionario realizase actos o comportamientos contrarios a los deberes inherentes a su cargo quedando en entredicho, con ello, su profesionalidad y la responsabilidad que le es propia.

Dicho delito, que atenta contra la propia Administración Pública, aparece regulado en los artículos 404 al 406 del Código Penal. El primero castiga la conducta consistente en el dictado de una resolución arbitraria. El segundo, proponer, nombrar o dar posesión de un cargo público a una persona que no reúna los requisitos necesarios para ello. El tercero, por su parte, castiga también a aquella persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión mencionada en el artículo anterior. En todos los casos, debe tratarse de conductas dolosas o con pleno conocimiento de su arbitrariedad (“a sabiendas”); y dicha arbitrariedad, debe ser grave, objetiva y flagrante.

La prevaricación administrativa no debe confundirse con la prevaricación judicial, que es la cometida por jueces y magistrados y viene regulada en los artículos 446 a 449 del Código Penal, y que abordaremos en otro post.

¿Qué penas conlleva el delito?

Al ser un delito contra la Administración Pública, las penas previstas comportan la inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de 9 a 15 años (artículo 404), y de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público entre 1 y 3 años (artículo 405 y 406).

Como puede apreciarse, la imputación de un funcionario público o autoridad por un delito de prevaricación supone poner en grave riesgo su trayectoria y vida profesional, pues no en vano las penas, de resultar condenado, van a impedir su desempeño en el cargo por un largo periodo. Tanto es así, que una condena por este tipo de delitos supone de facto la “muerte civil” del funcionario o autoridad.

Si el Sr. Xavier García Albiol cometió o no ese delito es algo que deberá resolver la Audiencia Provincial de Barcelona en los próximos días o semanas con arreglo a las pruebas. De momento, las acusaciones aportan sus pruebas para acreditar que conocía -o tuvo que conocer inexcusablemente- la instalación de las antenas en un edificio público; por su parte, las defensas (hay otros funcionarios también imputados) argumentarán en la mayoría de los casos que la instalación de esas antenas no estaba dentro del ámbito competencial propio del alcalde u otros funcionarios. Habrá que ver qué tipo de procedimiento administrativo se siguió para la instalación de los aparatos y si, efectivamente, se tuvo conocimiento directo de la existencia de quejas por su instalación y que tratamiento se dio a tales denuncias.

¿Es necesario un abogado penalista o un abogado experto en delitos de prevaricación?

Muchas veces, la actuación de los funcionarios o autoridades es cuestionada sin tener en cuenta que no se actuó de forma consciente o dentro del ámbito de las competencias propias, tratando de imputar una responsabilidad que no existe o por la que no se debería dar cuenta frente a los tribunales. Como en todo proceso penal, el asesoramiento por un abogado penalista o abogado experto en delitos de prevaricación asegura la mejor defensa y mayores garantías de éxito tratando de que el caso no llegue a juicio desde el primer momento.

En Garberí Penal somos abogados penalistas y abogados especialistas en delitos de prevaricación, con una dilatada trayectoria en casos similares, actuando siempre con la máxima discreción. Puedes contactar con nosotros y dejarte asesorar sin compromiso.