Qué es el delito de prevaricación judicial

En anteriores publicaciones, hablamos del delito de prevaricación administrativa, pero debemos tener en cuenta que no es el único tipo de prevaricación que existe. El Título XX del Libro II del Código penal regula los Delitos contra la Administración de Justicia y entre ellos se encuentra el delito de prevaricación judicial.

No son pocos los casos de condena de jueces y magistrados en nuestra historia reciente, si bien, actualmente ha vuelto a hablarse de este delito por el hecho de que el actual Presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez, presentó una querella contra el Juez Juan Carlos Peinado por este delito (por la imputación de Begoña Gómez, su mujer), a pesar de que, finalmente, fue inadmitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por considerar que la misma tenía carácter especulativo. El asesoramiento por un abogado penalista o un abogado especialista en delitos de prevaricación es el mejor recurso tanto para defenderse de acusaciones de este tipo como para la redacción de querellas y la dirección de una acusación particular en el caso de tratarse de personas afectadas por el delito.

¿Qué es el delito de prevaricación judicial?

La prevaricación judicial se encuentra prevista y penada en el artículo 446 del Código penal, castigando al juez o magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta en el ejercicio de sus funciones. Es un delito especial, lo que implica que solamente podrán ser castigados a título de autor los “jueces o magistrados”, y no quienes no posean dicha condición.

El tipo penal exige, tanto en la modalidad dolosa (buscada de propósito) como en la imprudente (por falta de diligencia), que la sentencia o resolución judicial que se dicte sea injusta. La injusticia de la resolución no deberá entenderse en base a lo que el afectado estime, sino que se determinará en clave estrictamente objetiva, considerándose como injusta aquella resolución que no se encuentra dentro de las opiniones que pueden ser jurídicamente defendibles y cuya contradicción con el derecho no es sostenible mediante ningún método aceptable de interpretación de la Ley(véase el Auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo núm. 20405/2024, de 17 de abril). Para considerar que la resolución es injusta es necesario también que se produzca una infracción del deber inherente al cargo, es decir, que los jueces o magistrados hayan ejercido la función jurisdiccional con arbitrariedad, debiendo emitirse una resolución claramente irracional o apartada de cualquier interpretación racional de la ley.

En cuanto al elemento subjetivo se debe diferenciar entre la prevaricación judicial dolosa prevista en el artículo 446 del Código penal y la del artículo 447 de la misma Ley que prevé la prevaricación imprudente. La primera requiere que el autor, es decir, el Juez o el Magistrado, sepa que la resolución no es conforme a derecho y que la misma no se habría alcanzado nunca utilizando los métodos usuales de interpretación, en cambio, respeto de la segunda solamente es necesario que haya una desatención intensa y sustancial en el desempeño de las labores jurisdiccionales. También pueden considerarse prevaricación el hecho de negarse a juzgar sin causa legal (artículo 448) o el retardo malicioso en la Administración de Justicia (artículo 449), que puede implicar también a los miembros de la Oficina Judicial. 

¿Qué penas conlleva?

Las penas asociadas al delito del artículo 446 varían dependiendo de la resolución que se haya dictado, pues en el caso de que se trate de una sentencia injusta contra el reo en causa criminal por delito grave o menos grave tendremos penas de prisión entre 1 y 4 años, en el caso de que esa sentencia no se llegara a ejecutar y en el caso de que sí se hubiera ejecutado, se impondrá la misma pena en su mitad superior.

En el caso de que se dicte sentencia injusta contra el reo en un proceso por delito leve, la pena será inferior y ya no conllevará penas de prisión, sino pena de multa de 6 a 12 meses. En cuanto al resto de sentencias o resoluciones injustas se castigarán con una pena de multa de 12 a 24 meses.

Debido a las altas penas, incluso de prisión, que se prevén para el delito de prevaricación, es evidente que el investigado por uno de estos delitos requiere de un buen abogado penalista para su defensa y asesoramiento jurídico.

Desde Garberí penal, nuestro equipo de abogados penalistas especializados en delitos de prevaricación o delitos contra la Administración de Justicia,  entre otros, podrán ofrecer un asesoramiento individualizado y adecuado a las necesidades de cada cliente, estando siempre al día de la más reciente jurisprudencia y cambios legislativos. Puede contactar con nosotros y dejarse asesorar sin compromiso. Escríbenos